En marzo de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado paraguayo por la violación de los derechos de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, del pueblo Enxet-Lengua, asentada en el Chaco.
La Corte concluyó que Paraguay vulneró los derechos a la vida, a la propiedad comunitaria, a la personalidad jurídica, a las garantías judiciales y a la protección judicial, debido a la falta de restitución de sus tierras ancestrales y las condiciones de extrema pobreza en las que la comunidad vivió durante años al costado de la carretera, sin acceso a servicios básicos, salud ni alimentación suficiente.
La sentencia ordenó al Estado: restituir en un plazo de tres años el territorio tradicional de la comunidad; suministrar bienes y servicios básicos hasta la entrega efectiva de las tierras; implementar un fondo de desarrollo comunitario; establecer un sistema de comunicación para emergencias de salud; crear un programa de registro y documentación para garantizar la identidad de sus miembros; adoptar medidas legales y administrativas para asegurar un mecanismo eficaz de reclamación de tierras indígenas.
Este fallo histórico reafirma la obligación del Estado de garantizar condiciones de vida dignas y de respetar el vínculo cultural, espiritual y material de los pueblos originarios con sus tierras.
