En un esfuerzo conjunto por fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y la Contraloría General de la República (CGR) desarrollarán un software que permitirá identificar de manera automática indicios de irregularidades en las declaraciones de bienes e ingresos de los funcionarios públicos.
Esta iniciativa dará respuesta a la necesidad de contar con herramientas eficientes que faciliten la detección temprana de posibles casos de enriquecimiento ilícito entre los servidores públicos. Actualmente, los análisis de la Contraloría se realizan de manera manual, lo que limita su alcance y efectividad, llegando solo a 300 exámenes por año, una cifra insuficiente para abarcar todo el universo de funcionarios públicos.
El ministro del Mitic, Gustavo Villate, destacó la importancia de integrar tecnología avanzada en los procesos de control y vigilancia, señalando que el software en desarrollo permitirá identificar de forma automática anomalías en las declaraciones juradas, emitiendo alertas que serán posteriormente revisadas por el ente contralor.
“Todo lo que esté disponible vamos a integrar en un sistema automático para que ese reporte sea en línea, que pueda saltar una alerta a partir de ciertas consideraciones o umbrales que debemos definir con la Contraloría”, explicó Villate en una entrevista con La Nación/Nación Media.
El software en cuestión cruzará datos de los funcionarios públicos, analizando sus ingresos, gastos y crecimientos patrimoniales, lo que permitirá una evaluación más exhaustiva y precisa de su situación financiera. Este sistema operará en tiempo real, lo que agilizará el proceso de detección de posibles irregularidades y garantizará una mayor eficiencia en los controles.
Se estableció una mesa técnica para analizar aspectos técnicos y jurídicos del proyecto, asegurando el cumplimiento de las normativas de protección de datos y confidencialidad. Se espera que el sistema esté plenamente operativo para fines de este año, como parte de los esfuerzos prioritarios del Gobierno en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en la gestión pública.
En la próxima semana, está prevista una reunión entre ambas instituciones para definir los puntos clave de este plan conjunto, marcando así un paso significativo hacia una mayor integridad y rendición de cuentas en el servicio público.
