En el marco de la semana de actividades presenciales en Paraguay del 180° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se celebró ayer una serie de audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencia. Se presentaron los casos Leguizamón Zavan, Córdoba y de las comunidades indígenas Sawhoyamaxa, Xákmok Kásek y Yakye Axa.
Durante la sesión, representantes del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) presentaron los avances realizados en cumplimiento de los compromisos establecidos por el Estado paraguayo.
En particular, se informó que se dio cumplimiento a las publicaciones de las sentencias en medio impreso de amplia circulación nacional, acción que fue complementada con entrevistas y publicaciones en medios digitales, como parte de una estrategia de comunicación integral que refuerza la difusión y el alcance del mensaje.
En la audiencia de la sentencia del caso “Córdoba vs. Paraguay” se expuso sobre la respuesta que el Estado ha dado a la sentencia, recordando la implementación de la ley N° 7519/2025. Este establece el marco normativo para el procedimiento administrativo y proceso judicial de restitución y visita internacional de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, también se dieron espacios de dialogo en los casos de las comunidades indígenas Sawhoyamaxa, Xákmok Kásek y Yakye Axa, que permitieron revisar los compromisos asumidos por el Estado paraguayo en relación con las medidas ordenadas por la Corte IDH en reparación a los pueblos afectados.
Durante el intercambio se expuso los esfuerzos realizados por Paraguay, la articulación interinstitucional para avanzar hacia el cumplimiento de las sentencias.
Las audiencias contaron con la participación de la presidenta de la Corte IDH, Jueza Nancy Hernández López; el vicepresidente, Juez Rodrigo Mudrovitsch; el juez Ricardo C. Pérez Manrique; la jueza Patricia Pérez Goldberg; y el juez Alberto Borea Odría. También estuvieron presentes Gabriela Pacheco Arias, secretaria adjunta; Ana Lucía Aguirre, directora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias; y Paloma Núñez, abogada de dicha unidad.
La presencia de la Corte IDH en Paraguay reviste un alto valor simbólico y operativo, al consolidar el compromiso del Gobierno con la justicia internacional, la reparación histórica y la garantía plena de derechos humanos.
