El Presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N° 7179 de «Simplificación de Trámites Administrativos en Organismos y Entidades del Estado e Instituciones de Educación Superior Privadas». Esta normativa tiene como objetivo reducir la carga administrativa para ciudadanos y empresas, agilizando los procesos y eliminando los trámites innecesarios. El Ejecutivo se encuentra trabajando en la reglamentación para su efectiva aplicación.
La ley establece que ninguna entidad del Estado podrá exigir como requisito para gestiones o trámites administrativos la presentación de constancia, certificado u otro documento que haya sido expedido por ella misma o que por su naturaleza debiera constar en sus archivos.
También establece que no será exigible la presentación de constancias sobre información que obre en fuentes públicas del Sistema de Intercambio de Informaciones (SII) entre Organismos y Entidades del Estado. Además, reconoce como válidos los documentos emitidos por el Portal Paraguay (www.paraguay.gov.py) por medio de la identidad electrónica, de conformidad con la normativa aplicable en materia de reducción de la utilización de papel en la gestión pública y su reemplazo por el formato digital.
Cabe resaltar que, las disposiciones de esta ley, se aplicarán a las universidades privadas e institutos superiores de educación.
A través de su cuenta de X, el ministro Gustavo Villate celebró la promulgación de esta ley. “Seguimos mejorando la eficiencia en la gestión pública, aplicando la tecnología al servicio del ciudadano. Con la aplicación de la Ley 7.179, Instituciones del sector público, y de Educación Superior Privadas muy pronto ya no exigirán la presentación de documentos que pueden obtener a través del Sistema de Intercambio de Informaciones (SII), gestionado desde @Miticpy”, escribió.
Un futuro más simple
La promulgación de esta ley es un paso importante para mejorar la eficiencia de la administración pública y facilitar la vida de los ciudadanos. Se espera que su implementación contribuya a reducir la burocracia y los costos para las empresas y los ciudadanos, así como a mejorar la transparencia y la eficiencia de los procesos administrativos.
